Uber, el servicio de transporte premium, no es ajeno a la controversia. Desde sus inicios en el 2009 ha tenido que lidiar con los reguladores y autoridades de varias de las ciudades en las que presta su servicio que bien sea por su analfabetismo tecnológico, por presión de las mafias de taxistas locales o por intereses monetarios personales han intentado bloquear sus operaciones. Sus transportadores, además, han sido víctimas de la intolerancia de los conductores de taxis tradicionales, quienes han boicoteado, bloqueado y hasta agredido a quienes prestan el servicio como parte de este servicio que ha generado disrupción en el modelo tradicional de prestar el servicio de transporte de pasajeros.
Uber tiene operaciones en más de 100 ciudades en 35 países, entre las que están Bogotá, Cali, Lima, el DF, Panamá y Santiago en América Latina y al igual que lo ocurrido en ciudades como París, Seattle o Berlin, la compañía, sus conductores y sus usuarios en Bogotá se han encontrado desde el jueves pasado con un ataque coordinado entre autoridades y taxistas que se oponen a la prestación del servicio.
La compañía ha informado que por orden del Secretario de Movilidad del Distrito, Rafael Rodríguez, “desde la noche del jueves pasado usuarios de Uber han sido obligados a descender de los vehículos de transporte especial en el que se movilizaban”. Las acciones tienen 2 frentes:
– El primero, puestos de control ejecutados por la Policía de Tránsito en los que sin importar que los vehículos blancos de transporte especial en los que se movilizan los usuarios cuentan con los permisos gubernamentales para prestar el servicio de transporte público especial, se obliga a los usuarios a descender de los vehículos, y
– El segundo, el hostigamiento por parte de las mafias de taxistas de la ciudad que bajo amenazas – y extrañamente con el apoyo policial en algunos casos – amedrentan a conductores y pasajeros obligando a estos últimos a bajarse de los vehículos asociados con Uber y tomar el servicio con un taxi tradicional.
La compañía está buscando la ayuda de los ciudadanos con la firma de una petición, la cual pueden leer a continuación, y la cual pueden firmar haciendo click en este link:
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Rafael Rodríguez Secretario de Movilidad
Rodolfo Palomino Policía General de la Nación
Carlos Ramiro Mena Director de Tránsito y Transporte
John Jairo Rodríguez Andrade Comandante de Tránsito y Transporte
Cecilia Álvarez Correa Ministra de Transporte
Nicolás Francisco Estupiñán Viceministro de Transporte
Juan Miguel Durán Superintendente de Transporte
Diego Molano Ministro de TIC
Desde la noche del jueves pasado usuarios de Uber han sido obligados a descender de los vehículos de transporte especial en el que se movilizaban, en retenes de policía que desconocieron los documentos válidos exhibidos por el conductor y en medio de hostigamientos por parte de taxistas que actuaban respaldados por la Policía. Sus voces fueron desconocidas como si fueran ciudadanos sin derechos. Por esta razón queremos sentar nuestra enérgica protesta y solicitarles que suspendan los operativos contra un servicio que es legal y nos ofrece seguridad y tranquilidad.
Como usuarios del servicio de transporte especial, recibimos de manera positiva la llegada de la plataforma tecnológica Uber, pues cambió la manera de conectarnos con los conductores, garantizándonos seguridad, calidad y eficiencia. Sabemos que es un servicio que se presta en más de cien ciudades del mundo y no vemos amenaza alguna para el sistema de taxis como a gritos lo expresan, pues es un servicio diferente y complementario como lo establecen las normas. Cuando se producen iniciativas privadas que ofrecen soluciones a problemas como el del transporte urbano, las autoridades deben ser las primeras en acogerlas y no las primeras en impedir que las disfruten los ciudadanos.
Quienes exigimos un mejor sistema de transporte en la ciudad somos la mayoría, y nos indigna que quieran impedir el avance que significa Uber. Por esta razón, los invitamos a suspender los operativos policiales y a desestimular acciones intimidantes contra los vehículos blancos. Bogotá padece graves problemas de movilidad, que se resolverán con una combinación de medidas que modernicen el sistema de transporte público y desestimulen el uso del transporte privado.
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Será coincidencia que esto ocurra sólo días después de la que la Concejal Patricia Mosquera indicó que el servicio de Tappsi – otras de la empresas que está generando disrupción en el modelo de prestación del transporte público en Bogotá – “genera una guerra del centavo” y que las “propinas”, al no estar reguladas, son ilegales? Será que por primera vez en 2 años largos de la administración de Gustavo Petro la Alcaldía y el Concejo de Bogotá están de acuerdo en algo? O será que detrás de estos ataques a los innovadores del modelo de transporte público están las manos oscuras de los caciques tradicionales del sector?
Si quieren ver nuestra entrevista con Jordan Condo, realizada en Octubre del año pasado cuando la compañía abrió operaciones en Bogotá, y en la hablamos de las barreras de entrada al mercado por la politización del negocio, acá está:
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Y recuerden, si quieren apoyar a Uber entren unánse a la campaña Bogotá Necesita Uber, firmando la petición.
