En 1996 el Gobierno Norteamericano emitió el Telecommunications Act de 1996 -también conocido como la Ley de Decencia en Comunicaciones- como parte de un paquete de medidas que buscaba legislar sobre varios aspectos del naciente mundo de las telecomunicaciones y el internet.
La Sección 230 – Las Veintiséis Palabras que Crearon el Internet
Dentro de ella, en la sección 230, se contempló lo que para muchos es el artículo más importante para la creación de un internet “libre”, sin censura y que promueva la libertad de expresión.
47 U.S.C. § 230.”…No provider or user of an interactive computer service shall be treated as the publisher or speaker of any information provided by another information content provider…”
Con este artículo el Gobierno Norteamericano blindó a los proveedores de internet de cualquier demanda asociada al contenido que los usuarios pudieran crear o compartir vía sus redes* y dio paso a uno de los procesos de inversión tecnológica más importantes de la historia. Sin este artículo es difícil pensar que AOL y los demás proveedores de internet hubieran llegado a masificar el nuevo medio de comunicación. Sin este artículo es poco probable que AT&T, Verizon y los demás proveedores de telecomunicaciones hubieran invertido lo que invirtieron en el tendido de cables que fue necesario para crear el famoso boom de las .com a finales del siglo pasado.
*hay algunas excepciones relacionadas con violencia y actividades ilícitas.
La Presión por más “accountability”
En la que medida en que todos nos volvimos prosumidores y que las redes sociales nos dieron un megáfono por medio del cual nuestras opiniones pueden ser amplificadas, el tema de la libertad de expresión y las fake news ha cobrado una importancia única.
Han surgido cuestionamientos super válidos de si YouTube debe hacer algo en contra de aquellos que difunden teorías conspirativas como los terraplanistas o los antivacunas, o si deben permitir la propagación de videos llenos de mentiras como el caso de Infowars o de grupos asociados a la supremacía aria. Pero hasta hoy sólo ha habido debate.
En medio de ese debate todas las redes sociales:
(1) han tomado una posición similar: no son ellos los encargados de censurar el contenido que sus usuarios crean a menos que violen sus políticas,
(2) han tomado acciones diferentes: adicionar a los posts que puedan tener información inexacta o manipulada notificaciones que le permiten a los usuarios ver más información al respecto (en especial con temas asociados a temas políticos),
(3) marcar como Verdadero o Falso un post ofreciendo links a sitios de alta reputación que detallan la información a la que el post hace mención, y
(4) en algunos casos muuuuuuuy específicos y limitados han eliminado contenido, cerrado cuentas y expulsado gente, empresas y entidades de sus redes (lo que ha llevado a que muchos políticos -en su mayoría de derecha- hablen de un sesgo evidente en redes sociales).
El día que todo cambió
Todo esto hasta que hace un par de días Twitter marcó un par de twits del presidente de los Estados Unidos como engañosos. No, no fueron los twits en los que promueve infundadamente la hidroxicloroquina, ni en los que crea dudas sobre si un presentador de televisión es en realidad un asesino (por un accidente ocurrido en su cada hace varios años), ni en los que propuso enviar misiles nucleares para combatir los huracanes.
Fue un par de twits asociados a los votos por correo que contempla la constitución de los Estados Unidos. Y Twitter no eliminó los posts. Sólo los marcó con un pequeño letrero:
Detalle importante: esta no es la cuenta oficial de la Presidencia de los Estados Unidos. Es la cuenta personal de Donald Trump.
Eso bastó para llenar de ira al presidente Trump y a su equipo de asesores quienes han anunciado que emitirán hoy una Orden Ejecutiva en contra de este tipo de prácticas, argumentando que al marcar sus twits con este tipo de contenido “editorial”, las redes dejan de ser imparciales y ya no están exentas por las disposiciones de la sección 230.
Y se abrirá el debate de si Twitter, YouTube y Facebook son compañías privadas y de si la violación de los términos y condiciones de estas se convierte en un acto de censura o no y de si el contenido que se comparte a través de ella está protegido o no por la 1era emienda de la constitución norteamericana.
Y aunque es poco posible que esto termine en multas o el cierre de estas empresas, es casi seguro que sí terminará en investigaciones antimonopolio que pueden llegar a desmembrar a estos gigantes y cambiar radicalmente el panorama de las redes sociales, no solo para los norteamericanos sino para todos los usuarios que hacemos uso de ellas.
