Para nadie es un secreto que el marketing de influencia es, hoy por hoy, uno de los mecanismos de mercadeo más utilizado por empresas, marcas, políticos y hasta gobiernos. En el caso de Colombia, están documentados centenares de contratos con “Influenciadores” y “Activistas Digitales” tanto en la pasada campaña para presidente como ahora, directamente, desde organismos oficiales (los más sonados y conocidos son los del actual consul en Chile Sebastián Guanumen y el de la “Activista Política” @smilelalis).
En coordinación con otros miembros de las “bodegas digitales”, estos personajes llevan mensajes de gobierno, pro-gobierno y anti-oposición como si fueran posiciones y comentarios personales cuando, en realidad, hacen parte de un entramado digital que lo que hace es publicidad pura. Así como cuando éramos pequeños, actores famosos salían en propagandas hablando de x o y producto con el fin de influenciar al público, estos influencers, con la ayuda de #s, bots y demás buscan influenciar sobre el electorado en temas tan variados como las diferentes reformas, las polémicas decisiones de algunos ministerios y hasta lo que hacen miembros que no hacen parte de la coalición de gobierno.
El tema es que cuando Pacheco, Oscar Cordoba o María Cecilia Cecilia Botero salían en una propaganda, esa pieza estaba claramente identificada como publicidad. En el caso del marketing de influencia, en redes, asociado a política ese disclosure es prácticamente inexistente a pesar que de la Superintendencia de Comercio emitió, desde finales del 2000, una “Guía de buenas prácticas en la publicidad a través de influenciadores” y ya ha impuesto algunas multas, especialmente en casos relacionados con suplementos alimenticios y vitamínicos y crypto-inversiones.
¿Por qué, entonces, la SIC no hace nada cuando Lalis, Físico Impuro, Miss Poirot y David Rozo, entre muchos otros, publican contenidos patrocinados sin “identificar que existe una relación comercial con un anunciante”, en este caso el gobierno del Presidente Petro? Hasta cuando, permitirá la Superintendencia, que estos influenciadores hagan pasar sus posts -por los que reciben una compensación económica- como opiniones personales y no como parte de campañas de mercadeo y publicidad que sabemos se usan en todas partes del mundo?
Está en mora la Superintendente María del Socorro Pïmienta de poner en cintura a todos los influenciadores digitales, políticos o no, de la corriente que sea, para garantizar transparencia en el mercado y para que la gente sepa cuando algo es publicidad. Y más si es publicidad política pagada.
