La pelea entre privacidad y seguridad no verá resolución alguna en el corto plazo. El nuevo gobierno estadounidense ha sido abierto en decir que espera tener más herramientas para proteger su seguridad nacional, dentro de las que destaca un mayor acceso a la información digital a la que pueda hacerse. Uno pensaría, en principio, que eso está bien.
Pero escondido (y a plena vista) dentro de uno de los executive orders firmados en días pasados, el Presidente Trump le ha quitado a todos aquellos que no seamos ciudadanos o residentes legales de los Estados Unidos de América, nuestro derecho a la privacidad.
El Artículo 14 del Enhancing Public Safety in the Interior of the United States Executive Order dice, textualmente:
“Sec. 14. Privacy Act. Agencies shall, to the extent consistent with applicable law, ensure that their privacy policies exclude persons who are not United States citizens or lawful permanent residents from the protections of the Privacy Act regarding personally identifiable information.”
Es decir, el Presidente de los Estados Unidos ha ordenado a todas las agencias federales – incluyendo el Customs and Border Protection, el FBI, la CIA, el NSA y demás que excluyan las provisiones de protección de la información de cualquier persona que no sea un ciudadano o residente legal estadounidense que poseen.
Qué hay dentro de esa información? Toda aquella relacionada con sus movimientos migratorios (no solo desde, dentro y hacia Estados Unidos; decenas de países tienen convenios de inmigración con dicho país y comparten información de los viajeros que cruzan por sus puertos), información financiera que se comparta por medio de tratados internacionales – por ejemplo para controlar el lavado de activos -, los componentes de su huella digital que pasen o se alojen en servidores ubicados fisicamente en Estados Unidos (e incluso fuera pero operados por compañías norteamericanas) y, si creemos en lo que ha dicho Edward Snowden, todas las llamadas telefónicas y mensajes electrónicos que usted haya mandado en su vida.
Y es un cambio en el rumbo que había impuesto el Presidente Obama durante su gestión, la cual puede resumirse con el POLICY DIRECTIVE/PPD-28 en el cual se decía clara y explícitamente que las mismas provisiones de seguridad y privacidad aplicaban para cualquier persona, sin importar su nacionalidad o lugar de residencia.
